Hacinamiento carcelario.


carcelario

“se necesitaría una cárcel cada dos meses: seis cada año”

 

Por: Mauricio Fernández Buitrago

¿Será que nuestros presos por su condición de “Victimarios” merecen el abandono? ¿No deberían ellos ser merecedores de los Derechos Humanos como lo plantea el actual código penitenciario en su artículo 5 (respeto a la dignidad humana) y también ser cobijados por las leyes que tanto pregona nuestra constitución nacional?  como lo afirma el General Gustavo Adolfo Ricaurte director del INPEC (Instituto Penitenciario y Carcelario) “Hablar de Derechos Humanos cuando se tiene los penales llenos sería una irresponsabilidad, porque mientras  tengamos hacinamiento, se podría pensar que hay una violación de los derechos.” No debemos olvidar que una cantidad significativa de presos, son inocentes de los cargos que se les implica, en ocasiones el 35 % de internos llevan un año privados de su libertad esperando que se les determine su inocencia o culpabilidad. La dignidad debe estar presente en nuestros centros de reclusión y aún más si los queremos ver como instrumento de “reforma social”

Por consiguiente para una resocializaciòn pertinente El código penitenciario debe cambiar. Ruth Stella Correa Palacio, actual ministra de justicia, nacida en la ciudad de Pereira propuso un proyecto ante el Congreso de la República, habla de un cambio para que el sistema penitenciario varíe un poco y con el, disminuya la taza hacinamiento carcelario. Entre sus propuestas están. Que los condenados a penas menores de 5 años puedan aspirar a la retención domiciliaria, junto a ello también se habla de privatizar o de una alianza público- privada para el sostenimiento y construcción de nuevos centros de reclusión. Y el contratar guardia privada si a si lo plantean las exigencias requeridas.

Pero ¿ qué es Prisión domiciliaría y cuales son los parámetros que la determinan? A la hora de escuchar: le dieron “Casa por cárcel”. Surge una pregunta ¿Por qué? ¿Qué lo hace merecedor de este privilegio en comparación con otros imputados? ¿Es acaso cuestión de nombre, dinero o apellido? En ocasiones si lo es, pero en otras no tanto. En la ley 1453 del 2011 se resalta un aspecto social y económico donde el acusado debe cumplir con unos parámetros para aspirar a este beneficio. Primero el juez debe tener en cuenta el núcleo familiar, el lugar de residencia y si tiene el dinero suficiente para pagar la multa impuesta por dicho delito. También es indispensable analizar si este individuo representa o no un peligro para la sociedad y para ello el estudio es el siguientes:

1. Que la pena impuesta por el juez no supere los 8 años.

2. que no sea acusado por delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional Humanitario, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de menores de edad, uso de menores de edad para la comisión de delitos, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, extorsión, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, terrorismo, usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas, financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada, administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones o explosivos y delitos contra la administración pública, salvo delitos culposos.

Cuando al imputado se le hace efectivo este beneficio. Las autoridades deben constatar que se está cumpliendo con los parámetros establecidos mediante.

1. Visitas aleatorias de control a la residencia.

2. Uso de medios de comunicación como llamadas telefónicas. 3. Testimonio de vecinos y allegados. 4. Labores de inteligencia.

¿Ayudara la prisión domiciliaría a descongestionar las cárceles? Desde la implantación del código penitenciario de 1993 hasta el año anterior. El número de presos aumento significativamente, paso de 29.114 a 117.689. y el cupo de las cárceles se preparo tan soló para un aumento de 50.701 presos más, en teoría a las cárceles de nuestro país solo le caben 79.815 los que nos lleva a un indice de 55,4% de hacinamiento.

La creación de Ley 1453 del 2011, conocida como “Ley de seguridad ciudadana” fue la encargada de intensificar las penas y de paso agudizar el problema de hacinamiento desde el año 2011. Los delitos ahora tienen un mayor castigo, la seguridad se ha duplicado y los presos multiplicado, pero los establecimientos e instalaciones no crecen con la misma fuerza que el delito en Colombia y como lo menciona el General  Ricaurte en una entrevista brindada a ELPAÍS.COM.CO “Tenemos un incremento importante a partir de junio del 2011, pasamos de tener un ingreso de 600 internos mensuales a 1.700. No se necesita ser experto en matemáticas para decir que con este promedio se necesitaría una cárcel cada dos meses: seis cada año. La Ministra de Justicia quiere adelantar la construcción de seis megacárceles, que se demorarán dos años y tendrán 4.500 cupos”.

Pero es necesario analizar que un interno según lo afirma el INPEC tiene un costo anual de 11.540.372 de pesos, cifra que no parece muy lógica ni razonable teniendo en cuenta que actualmente una persona que gana el mínimo en Colombia con todas sus prestaciones  tan sólo suma en el año 11.890.962 de pesos, recordemos que de este mínimo viven familias enteras. ¿Gasta más en un preso y en condiciones tan precarias?  ¿Es mejor negocio ir preso que trabajar por el mínimo? o ¿Es aquel número (11.504.372) el que aparece en los gastos estatales  y es mucho menor el dinero que en realidad se invierte?  Si estas son las cifras, de aquí al 2015 se tendrá un déficit en la inversión del 40%.

El sistema penitenciario consta con diversos centros de reclusión:

Cárceles: es un centro de detención preventiva, donde se vigila al sindicado y son exclusivamente centros de retención. 142 en todo el país.

Penitenciarias: donde están recluidos los condenados y  se les ejecutara las penas de prisión, estos centros son de alta, media y mínima seguridad.

Casa- cárceles ( cárceles para los conductores) : son centros de detención destinado a los conductores que cometieron algún delito tras el volante.

Establecimientos de rehabilitación y pabellones psiquiátricos:  Son las destinadas a las personas que cometieron algún delito debido a un problema de trastorno mental.

Cárceles y penitenciarias de alta seguridad: son centros destinados a las personas cuyo tratamiento el juez considere merecen mayor atención y seguridad en su retención.

Reclusión para mujeres: centro donde las mujeres cumplirán su condena.

Cárceles para miembros de la fuerza pública: son centros de reclusión especiales para las personas pertenecientes a la fuerza pública, si un es combatiente de un grupo al margen de la ley lo pide puede ser trasladado a este “especial” centro de reclusión.

Colonias agrícolas: delitos de carácter agrícola.

A nivel local el panorama no es diferente, Pereira y Santa Rosa de Cabal viven su propio calvario, en una tutela hecha efectiva en mayo del 2013 hicieron parte de los 16 centros cerrados por sobre cupo.

“LA 40″ cárcel de la ciudad de Pereira, Consta con 1.650 presos y la cárcel sólo está en condiciones de albergar 650 internos en condiciones dignas. Cómo lo afirmo el defensor del pueblo seccional de Risaralda Luis Carlos Leas en una entrevista a RCN La radio. “Es una situación más que delicada; a pesar de que se han hecho denuncias y enviados de alertas, no se han tomado las medidas por parte del INPEC y lo que vemos hoy es un caos total que atenta contra la dignidad humana”.

 

 

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