¿Cómo vamos en materia judicial con los feminicidios?


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En la madrugada del 24 de mayo de 2012 en el Parque Nacional de Bogotá, fue violada, torturada y brutalmente asesinada Rosa Elvira Cely a manos de  Javier Velasco Valenzuela, quien era un compañero del colegio donde ella validaba el bachillerato. Este hecho fue el paso definitivo para que se le diera un enfoque de género a estos casos en el marco de la ley, siendo el impulso para que el Congreso de la República promulgara laley 1761, el 6 de julio de 2015, bajo el mandato presidencial de Juan Manuel Santos, en la que se reconoció el feminicidio como un delito autónomo, buscando investigaciones profundas y sanciones contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres por su género.

Esta ley trata de evitar que los delitos queden en la impunidad, ya que prohíbe los preacuerdos durante la investigación y el juzgamiento, evitando también que los agresores se escabullan con facilidad  de los procesos penales. La ley 1761 establece que las penas en caso de feminicidios son entre 20,8 y 41, 6 años, en caso de que la victima sea menor de 18 años, la pena sube de entre 41,6 a 50 años y si sufre alguna discapacidad, la pena es de más de 60 años.

Para Benavides (2015)  esta ley sentó las bases para la comprensión de la conducta misógina, y para configurarla en toda su gravedad, ya que la violencia contra la mujer solía ser reducida a violencia sexual, además aclara que el feminicidio tampoco se puede confundir con la violencia  contra la mujer, ya que el feminicidio “es el acto extremo de violencia” y antes de  ese acto se encuentran formas de violencia económica, simbólica y estructural.

Estas sanciones fueron consignadas en el decreto del 6 de julio de 2015 del Gobierno Nacional, en el que se derogó el undécimo numeral del artículo 104 del Código Penal de la ley 599 del año 2000 y se añadió, el artículo 104 A  que dice: “Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500) meses”.

Desde que la ley fue puesta en funcionamiento hasta marzo de 2017, había 276 investigaciones por feminicidio y 139 por tentativas de feminicidio, según la  Fiscalía General de la Nación. Así mismo, en el mismo periodo, 122 personas fueron imputadas con este delito y se condenó a 52 feminicidas.

Aparentemente, con la creación de esta ley, el país avanzó en respuesta judicial y penal con los casos de feminicidio.  Prueba de este avance puede verse en la sanción del caso Yuliana Samboní, una niña de 7 años que fue violada y asesinada el 4 de diciembre de 2016, por Rafael Uribe Noquera de 38 años, quien aceptó cargos por  los delitos de feminicidio, acceso carnal violento y secuestro agravado, que le fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación, por lo que se le condenó a 51 años y 10 meses. La juez de este caso, tuvo en cuenta las condiciones que hacían a Yuliana víctima de un feminicidio, ya que era una niña pobre en situación de desplazamiento que fue agredida por  la relación de poder que se ejerce contra las mujeres y por el hecho de ser mujer.  Lo que refleja que este caso fue ejemplar en materia de sentencias, es que el fallo por feminicidio agravado de Yuliana Samboní ocupó el segundo puesto en los premios  Género y Justicia al Descubierto, hechos por la organización Women´s Link worlwide, donde se reconocen las mejores decisiones judiciales en el mundo que promueven la equidad de género.

 

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Con el fin de proteger los derechos de las mujeres, el Estado Nacional realizó una inversión millonaria con la que creó el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. De este plan, surge la Línea 155, que fue puesta en operación a través de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer con el apoyo de la Policía Nacional,  donde los colombianos pueden comunicarse totalmente  gratis, durante las 24 horas del día, todos los días de la semana en todo el territorio nacional. Con esta línea, se puede recibir orientación en temas con violencia de género.

Los puntos claves de este  Plan Integral son las estrategias de prevención que buscan transformar la cultura de tolerancia frente a la violencia contra las mujeres, la atención integral, donde se diferencian a las mujeres víctimas de manera que se garanticen y se restituyan los derechos, mientras se coordinan las capacidades de articulación entre entidades a nivel nacional y territorial.

Durante el periodo de aislamiento preventivo, la Fiscalía desarrolló un plan interno, en el que añadió la Línea 122 y creó la app para teléfonos ADenunciar, que se encuentra disponible en la página de la Fiscalía  y en la de la Policía Nacional, además también hay una línea de atención a través del correo electrónico: denunciaanonima@fiscalia.gov.co. Con este plan interno se buscaba darle manejo a la violencia contra las mujeres, quienes vivían una situación especial, teniendo en muchas ocasiones, al agresor dentro de su hogar. Este plan tenía 5 puntos, los cuales eran:

1.  Recepción de denuncias 24 horas al día, los 7 días de la semana.

2. Un Equipo Nacional en las 35 seccionales de la Fiscalía General de la Nación encargado de investigar casos de violencia de género.

3. Acompañamiento a los fiscales de todo el país, de parte de un equipo especial  para brindar asesorías en casos de violencia de género, encabezado por la delegada para la seguridad ciudadana.

4. Capacitaciones para los funcionarios en  atención a las víctimas de violencia basada en género durante la contingencia del coronavirus, prevención del feminicidio y otras formas de violencia intrafamiliar, utilizando las herramientas tecnológicas.

5. Trabajo articulado con las Comisarías de Familia.

Actualmente, la Fiscalía tiene en funcionamiento la línea 155 y la 122.  Entre el 20 de marzo y el 4 de abril de 2021, el Centro de contacto recibió 578 llamadas por violencia basada en género. Además, a través de los canales de recepción de denuncias, se atendieron diariamente 55 casos de violencia sexual y 132 de violencia intrafamiliar, datos que evidencian una reducción de las denuncias de estos hechos durante el protocolo de emergencia sanitaria, ya que antes, diariamente se recibían 132 denuncias por violencia sexual y 393 por violencia intrafamiliar, según datos de la Fiscalía.

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa y la Vicefiscal General, Martha Janeth Mancera, manifestaron que la Fiscalía seguirá fortaleciendo la capacidad investigativa en el futuro, con el fin de esclarecer los casos relacionados con violencia basada en género. Para esto, buscan optimizar los modelos de recepción de denuncias para evitar la revictimización.

 

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¿De verdad han bajado las cifras de denuncias por violencia de género durante el confinamiento? 

Si bien los datos de la Fiscalía indican que hubo un detrimento en las cifras de llamadas a la línea 122, en la otra línea propuesta por el Gobierno Nacional, la 155,  hubo un incremento de 99% respecto al 2019  en llamadas para prestar asistencia, y un incremente del 116% respecto a violencia intrafamiliar, según la Consejería para la Equidad de la Mujer, que además reportó  115 casos de feminicidios al cierre de agoto del 2020. Por otra parte, el Observatorio de Feminicidios en Colombia, indicó 630 casos de feminicidio en todo el 2020, mientras que Medicina Legal reportó 11.775 exámenes médicos por delitos sexuales contra mujeres y 24.465 exámenes por casos de violencia intrafamiliar.

Por otra parte, el Observatorio de Feminicidios en Colombia, en sus boletines  de feminicidios de Enero y Febrero del 2021, registró 106 casos en todo el territorio nacional, una sexta parte de todos los casos del 2020.

 ¿El sistema penal colombiano es eficiente para resolver los casos de feminicidio? 

Según Benavides, F. S. (2015), en la revista criminalidad “se ha recorrido un largo camino por la igualdad real entre hombres y mujeres, pero aún queda un largo camino por recorrer para la eliminación de la violencia y la discriminación”.

El artículo Feminicidio, impunidad o seguridad jurídica en la política criminal colombiana, dice que en el país hay múltiples políticas de protección vistas desde la victimización, pero que estas políticas públicas no impactan lo suficiente en las esferas legales, y que resulta más incidente la aplicación del artículo 104A  del código legal,  que es la Ley del Feminicidio, porque crea seguridad jurídica, aunque de todas formas se debe ver esta ley desde enfoques de eficiencia y eficacia de las normas.

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