Las disidencias de la guerra, una herida aún abierta


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Diseño / Miguel Ángel Valencia López

 

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Ahora, el líder social y el ciudadano colombiano son el reflejo de un profundo sentir, la visión de un nuevo pensamiento y la voz de una obra inconclusa. Una obra que lleva por nombre Acuerdo, pero que de líneas paralelamente organizadas en un documento a la realidad no ha surtido un verdadero efecto, porque sus objetivos, escasos y casi nulos por parte de los entes gubernamentales, han incrementado las listas de vidas caídas, masacradas y en algunos casos olvidadas. En este punto podemos mencionar a los autores de dichos actos de violencia, ellos son la otra cara de la moneda y hacen parte de la misma historia, sus facciones armadas muestran la inconformidad con los propósitos en los que son encasillados para encontrar una anhelada paz, las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y sus contextos más cercanos muestran heridas aún abiertas, donde ciudadanos, líderes, fuerzas militares y guerrillas resultan severamente afectadas.

Colombia tiene una vasta experiencia en la realización de diálogos de paz, el proceso inició en 1982 durante el gobierno de Belisario Betancur, la mesa de dialogo incluyo al M-19 y las FARC. Desde ese momento la sociedad colombiana, a lo largo de los años, ha evidenciado la evolución, estancamiento o postergación de las negociaciones por parte de la casa de Nariño.

Para comprender la conformación actual de disidencias armadas en el país es necesario fijar nuestra atención en dos periodos presidenciales, el de Juan Manuel Santos Calderón e Iván Duque Márquez, el primero de ellos fue decisivo para el progreso y la atención de víctimas, en cambio, el segundo y actual mandato ha tenido un recalcado retroceso en los procesos de conciliación nacional y cumplimiento de acuerdos. Este suceso involutivo en las mesas de negociación y cumplimiento de los acuerdos ha dejado una parte de los militantes de las FARC como desmovilizados y reintegrados a la vida en sociedad, la parte restante se ha organizado y creado frentes disidentes, mantiene sus nexos con el narcotráfico e infunde terror en las regiones con el fin de un mayor control territorial, ejecuta acciones terroristas como secuestros, choques armados, violencia remota y reclusión de menores para actividades ilícitas.

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El proyecto más reciente de diálogos pacíficos entre el Estado y la guerrilla, desarrollado en el mandato de Juan Manuel Santos (2010-2018), fue una propuesta necesaria después del ciclo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), etapa caracterizada por la violencia y relegación de posibles acuerdos con las fuerzas armadas al margen de la ley. Este planteamiento en torno a la paz se anunció públicamente en agosto del 2012, las conversaciones con las FARC eran un hecho, se estableció una hoja de ruta para el inicio de un proceso de diálogo que iniciaría en Oslo, Noruega, pero que se desarrollaría en La Habana, Cuba. Los gobiernos de Cuba y Noruega actuarían como garantes, y Chile y Venezuela como observadores.

El proceso incluyó cinco puntos a discutir, el desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, narcotráfico, consumo de drogas ilícitas y víctimas. Después de cuatro años de negociación se llegó a un acuerdo, el 24 de agosto de 2016 se firmó en Cartagena el Acuerdo General para el Fin del Conflicto y el Establecimiento de una Paz Estable y Duradera, un hito nacional, la primera concertación de una guerrilla colombiana y el Estado se había efectuado, sin embargo, hubo un traspié en el proceso, el acuerdo debía ser legitimado y aprobado por la población, y por tanto fue sujeto a un Plebiscito (mecanismo de consulta popular) realizado el 3 de octubre del mismo año. Los resultados de la consulta popular fueron poco alentadores para la negociación, con un 60% de abstención y con un 50,21% a favor del “NO”. La conciliación a la que se había llegado tuvo que esperar, el gobierno replanteo diferentes puntos del acuerdo en congruencia con los “líderes del NO”, y dos meses después se logró la firma de un Nuevo Acuerdo Final.

Las acciones que acompañaban el Acuerdo, tales como dejación de las armas, proyectos sociales y de reinserción, y erradicación de cultivos ilícitos debían realizarse en un plazo de 180 días, la presentación de las victimas ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) se iniciaría de forma gradual, su misión de cobertura a los afectados exigía mayor atención y seguimiento. Un gran número de excombatientes de las FARC se comprometieron con los designios del Acuerdo, pero una minoría no se acogió al tratado y se rearmó en disidencias, entre las razones fundamentales de su rechazo están: los incumplimientos por parte del gobierno, la pervivencia del discurso insurgente y la persistencia de la ilegalidad, la violencia y la falta de garantías en los territorios ocupados. Desde su rearme y a casi cuatro años de la conciliación alcanzada, estas facciones armadas persisten en sus actos delictivos, conservan los nombres de sus frentes y persuaden en los más jóvenes un sentimiento aversivo e incitador al conflicto.

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Si quieres conocer más del panorama de las disidencias en el país, visita este artículo de Human Rights Watch: ¿Hay conflicto armado con las disidencias?

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Es imprescindible notar que lo que ha vivido y vive el país, es poco coherente con los puntos a cumplir del acuerdo y la conciliación realizada. Desde el 2016, año en el que culminaron los diálogos, se han registrado 904 asesinatos a líderes sociales en Colombia, el número más elevado en América Latina, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Otra de las situaciones que cuestiona el verdadero desarrollo de los acuerdos gira en torno a los excombatientes de las FARC, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en su informe más reciente ha revelado que aproximadamente 267 exmilitantes, que asumieron el proceso de paz, han sido asesinados. Una de las particularidades que acompaña esta cifra es que el 92% de los exguerrilleros asesinados comparecían ante la JEP, un coincidente hecho que refleja la vulnerabilidad de los ciudadanos dispuestos a la paz y la reconciliación, ante la amenaza de grupos armados al margen de la ley.

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El territorio, en la historia colombiana, ha sido una continua disputa, se resume en una cuestión de intereses, dinero y opresión. El campesino desplazado por fuerzas rebeldes o el indígena sometido a malos tratos en su tierra, eran el vivo ejemplo de la necesidad de un cambio, de un proceso de paz que abriera el espacio al diálogo y la restitución de todo lo perdido, eso era lo que representaba el Acuerdo, pero que aún no es un hecho. La falta de eficacia en la aplicación de los fallos de restitución de tierras, el asesinato de quienes reclaman terrenos y la oposición ilegal para una devolución eficaz, son el mayor factor desmotivante. La Reforma Agraria Integral, alojada y amparada por la negociación de 2016, tampoco es un hecho, su propósito de ayudar al campesino restituido y proponer estrategias de desarrollo ha quedado truncado por la violencia. El difícil panorama de subyugación territorial está vinculado con el narcotráfico y los diversos grupos armados, entre ellos las disidencias de las FARC, sus principales actividades en dichos territorios son la producción de coca, la extracción ilícita de minerales y la ocupación de terrenos para el entrenamiento de combate.

Si quieres conocer más del panorama de las disidencias en el país, visita este artículo de La Silla Vacía: Disidencias matan a indígenas que no las reconocen como Farc
 

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